Memoria de experiencia profesional en el campo del derecho del sector social rural (Art. 25 constitucional): de abril del 2005 a diciembre 2007.

Abstract

El documento básicamente describe y explica la lucha jurídica y social que el sustentante dio a la comunidad ejidal de San Antonio Soda para que esta contara con un servicio fundamental: agua potable. Ello en una coyuntura que consistió en impedir que la construcción de infraestructura neoliberal, al amparo del poder público (federal, estatal y municipal), tuviera en esa localidad el mismo destino que en numerosas ocasiones anteriores: el desprecio de los intereses comunitarios y un nulo beneficio inmediato para los habitantes de la localidad. Se narra la batalla de un subdelegado municipal que, con el apoyo de los ejidatarios y sus familias, es capaz de forzar la situación legal hasta el punto en que la carretera Caobas-Arroyo Negro, pase por su ejido con una condición: pagar un precio justo, de mercado, por las tierras afectadas por la construcción. La lid fue sumamente desigual. Implicó que se entrelazaran el derecho y la política, en una combinación conducida desde, para y por la comunidad del ejido, para enfrentar en el terreno de la ley a un poderosísimo equipo de abogados y altos funcionarios de los municipios de Othón P. Blanco, Quintana Roo y Calakmul, Campeche: los gobiernos estatales de Quintana Roo y Campeche; la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; y las Delegaciones de la Procuraduría Agraria en los estados de Quintana Roo y Campeche. Se proporciona al lector, no solo el aparato critico que se espera exista en todo documento empeñado en probar lo dicho, sino además un voluminoso inventario de fuentes primarias con la posibilidad de ser accesadas a texto completo. A efecto de abrir el camino para futuras investigaciones teóricas en el campo de la lucha social por lograr indemnizaciones adecuadas en casos de afectación de construcción de obras de infraestructura pública.